Domingo, 23 de marzo, 2008 - AÑO 9 - Nro.2857

Golpe tributario.
 "El PE no podrá aplicar impuestos en un futuro"

Fantasma neoliberal volvería en ancas de la Suprema Corte

Con los buenos oficios de El País, Búsqueda y un funcionario "venal o estúpido", la oposición montó un operativo contra el PE. Ahora el gobierno tiene el desafío de profundizar unatributación que contemple más a las capas medias bajas y que grave mucho más a los que más tienen.

Raúl Legnani

ANALISIS DE DOMINGO A DOMINGO

Arquímides, matemático y geógrafo griego fue quien enunció la ley de la palanca, lo que le llevó a proferir la célebre frase "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo".

En nuestro país, hasta hace poco tiempo, la oposición de derecha ­los partidos tradicionales­ jugaron al ensayo y al error, para actuar sobre las condiciones políticas del país, con la intención de cambiar la correlación de fuerzas.

Ensayaron muchísimo y le erraron mucho más, pero hace pocos días encontraron con Arquímedes el punto de apoyo para conmover al Uruguay y cuestionar al gobierno progresista: la declaración de inconstitucionalidad de la aplicación del IRPF a los jubilados.

Por primera vez blancos y colorados, más los viejos aliados que son Búsqueda y El País, pudieron identificar el eslabón débil de la cadena, con la intención de quedarse con ella. De aquí en más solo cabe esperar un permanente accionar de la oposición sobre la base de la política impositiva de un gobierno que no tiene un apoyo claro y contundente de su fuerza política.

En los últimos diez días el Frente Amplio quedó a la defensiva. En pocas palabras: a la izquierda le llenaron la cara de dedos y no tuvo capacidad de reacción, mucho menos de picardía. En los últimos días reaccionó bien Brovetto.

Muy pocas veces vimos los uruguayos una campaña tan bien orquestada y tan extensa por los partidos tradicionales, con el apoyo de Búsqueda y El País ­ lo del diario nacionalista fue una joya de operación política, que nos recordó a los comunicados de las Fuerzas Conjuntas­, al grado que el mundo político y jurídico (parte de la sociedad real estaba arriba de los ómnibus disfrutando de la última semana de descanso, la otra en los asentamientos) giró en torno al IRPF, como las muchachas que bailan en torno al caño, aunque con mucho menos erotismo y gracia.

Fue el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Gervasio Guillot, seguramente uno de los jubilados más perjudicados por el IRPF, quien con valentía intelectual y ética dijo que la aplicación del impuesto es constitucional.

A la vez, dijo más de lo que había señalado el doctor Jorge Ruibal Pino, actual presidente de la SCJ , cuando le manifestó a LA REPUBLICA que la posible votación de los miembros de la Suprema Corte "se ha filtrado", porque "los votos se entregaron cerrados".

El doctor Guillot, el pasado martes, le manifestó a Televisión Nacional que los trascendidos a la prensa son producto de un "mal funcionario, no sé si venal o estúpido que abrió un sobre y le mostró a alguien lo que están pensando los ministros".

Ese funcionario, al que Guillot no identifica pero acusa, ha sido responsable del más duro golpe que ha sufrido la SCJ en democracia, debilitando a la Justicia de nuestro país, al no iniciar ninguna investigación a fondo.

A pesar de ese agravio a la inteligencia y a la democracia que significó el trascendido que permitió montar el mayor operativo mediático que se ha desatado contra el gobierno, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de acatar lo que diga la Justicia , pero a la vez debe seguir apegado al cumplimiento del programa del FA que fue el que votó mayoritariamente la ciudadanía.

Sin rigidez ni aventuras, en base a una reforma evolutiva como está pensada, el gobierno tiene el desafío de continuar aplicando una nueva tributación que contemple más a las capas medias bajas en el marco y que grave mucho más a los que más tienen. Porque hay muchos que tienen demasiado.

Si la inconstitucionalidad del IRPF se confirma, como dijo el doctor Leonardo Costa, "El Poder Ejecutivo no podrá aplicar impuestos en un futuro".

A Vázquez le hacen lo mismo que a Lula 

El 13 de diciembre de 2007, hace apenas unos días, el Senado de Brasil resolvió eliminar la prórroga del impuesto al cheque y las transferencias bancarias.

El impuesto sobre los cheques y transferencias le permitía al gobierno una recaudación anual de cerca de 40.000 millones de reales (unos 22.701 millones de dólares) y su prorroga era considerada "vital" por el presidente Lula.

La decisión, según La Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), representó "una sólida garantía de que vivimos en un pleno y estable Estado de derecho. Fueron ratificadas, en cada voto de los senadores, la independencia de los poderes, el respeto a las instituciones y a la libertad ciudadana en la reivindicación de sus derechos". Estaríamos ante la vuelta del neolioberalismo.

El objetivo de dejar al Estado brasileño con menos recursos, y el cínico lenguaje utilizado por la poderosa FIESP, no son muy distintos a los utilizados en nuestro país por los dirigentes de los partidos tradicionales.

Lo cierto es que a Lula le sacaron 22.701 millones de dólares de un saque y aquí, al sur de Brasil, le quieren sacar a Vázquez 100 millones de dólares.

Los dos gobiernos progresistas son, en la región, los que más han apostado a las políticas sociales. Brasil, por el lado del plan Hambre 0, y Uruguay mediante del Plan de Emergencia y ahora el de Equidad.

En ambos casos la política de los sectores más conservadores está golpeando las políticas sociales que han sido parte sustancial de las estrategias fundamentales del progresismo, por cierto muy distintas a las de los gobiernos neoliberales de la década de los 90.