Reparación a exiliados y expresos

El Frente encomienda a legisladores reparar a exiliados y ex presos

El proyecto que pretende resarcir a los que durante la dictadura militar estuvieron presos y fueron procesados volvió a foja cero en el FA ante la propuesta del Poder Ejecutivo de reducir de 5 a 3,5 BPC -Bases de Prestación y Contribución- el monto a destinar a los que tuvieron que exiliarse del país o vivir clandestinamente durante el proceso.

Fue el único punto del debate ayer en la Mesa Política del FA.

La mayoría de los sectores integrantes de la Mesa Política, salvo Asamblea Uruguay y el Nuevo Espacio, decidió reclamarle al Ministerio de Economía elevar a 8,5 BPC (aproximadamente 12.500 pesos) la pensión especial reparatoria a los ex presos políticos procesados y mantener en 5 BPC (unos 7.000 pesos) a ser destinado a los exiliados y perseguidos por la pasada dictadura.

El Nuevo Espacio y Asamblea Uruguay eran proclives a aceptar reducir de 5 a 3,5 BPC la pensión a los exiliados, tal como lo propuso el Poder Ejecutivo.

Este tema reparatorio viene siendo estudiado por una Comisión conformada por 4 miembros de la Mesa Política del Frente Amplio desde el pasado mes de febrero, "y entendemos que tanto el Poder Ejecutivo como el Parlamento deben actuar rápidamente en el proyecto, teniendo en cuenta los 21 años que han transcurrido desde el término de la dictadura y el año y medio del gobierno del Frente Amplio" sostuvo el integrante de la Comisión Marcelo Melo (Vertiente Artiguista).

La Comisión la componen además Victorio Casartelli (PC), Julio Halty (Corriente Popular) y Gabriela Luna (bases).

Ayer, la Mesa emitió una resolución de cuatro puntos apoyada por la mayoría de los sectores en la que se establece aprobar el criterio del aumento para los ex presos procesados a 8,5 BPC, mantener el criterio de los 5 BPC para exiliados y perseguidos y encomendar a los parlamentarios a definir el criterio reparatorio para los uruguayos que debieron exiliarse durante la dictadura o se sintieron perseguidos en aquel período. Actualmente, según cifras de organizaciones que agrupan a ex presos políticos, hay unos 1.200 procesados por la Justicia militar que recibirían la pensión reparatoria. La misma, en el caso de ser promulgada por el gobierno, será sucesoria al cónyuge y a sus hijos en caso de deceso del destinatario principal. Por otro lado, los pasibles a recibir la pensión deberán acreditar determinada situación económica que los haga merecedores de la misma, según se deja constancia en el proyecto. *

Fuente: La Republica 30/5-2006